20/01/2025
por Nasser Kandil
Si el gobierno del Primer Ministro Nawaf Salam no aplica estrictamente el Artículo 95 de la Constitución para abolir el sectarismo en el empleo del sector público en todas las categorías excepto en la primera, y no aplica la rotación en los puestos de primera categoría basándose en el principio de que ninguna secta tiene derecho a un puesto específico, entonces cualquier conversación sobre la reforma administrativa se quedará en meros parches. Quienes se reunieron en Taif y redactaron el Documento de Acuerdo Nacional coincidieron unánimemente en que éstas son las claves de la reforma. Además, establecer un poder judicial independiente y limpiarlo de corrupción es la puerta de entrada a una auténtica reforma.
Lo que el Presidente Joseph Aoun expresó en su discurso inaugural sobre estas dos demandas fue claro y firme, reflejando un compromiso preciso con el Documento de Acuerdo Nacional. El historial del Primer Ministro designado, Nawaf Salam, en relación con las exigencias reformistas indica que se encuentra entre las pocas personas que podrían asumir este cargo sin obstaculizar tales medidas de reforma.
El nivel de reforma administrativa que se requiere no puede tolerar nada menos. Si ambos presidentes sucumben ante el tradicional ambiente sectario y se retractan de estos compromisos -conducidos por preocupaciones de sus respectivas sectas se podría percibir una amenaza para los privilegios obtenidos por la actual distribución de posiciones, particularmente en roles de “primer super categoría” como el Comandante del Ejército, Gobernador del Banco Central, Director General de las Fuerzas Internas de Seguridad, y el de Fiscal General- entonces no hay esperanza de que ningún paso se llame realmente reforma.
La reforma administrativa allana el camino a la reforma política, de nuevo basada en la aplicación del Documento de Acuerdo Nacional. Cualquier discurso sobre la actualización de las leyes electorales para garantizar una representación justa seguirá siendo superficial a menos que el Gobierno tenga el valor de enviar al Parlamento un proyecto de ley basado en el Artículo 22 de la Constitución. Este Artículo aboga por la creación de un Senado que represente a las sectas, encargado de tratar las cuestiones de interés sectario una vez que éstas estén claramente definidas, mientras que la autoridad legislativa recae en un Parlamento no sectario, elegido preferiblemente con arreglo a un sistema proporcional, ya sea como distrito único de ámbito nacional o, como mínimo dividido en las cinco provincias históricas.
El primer Gobierno de este mandato presidencial será su espejo, no sólo en su composición sino también en su programa de trabajo. La elección del Primer Ministro parece óptima para llevar a cabo reformas prácticas, no radicales y modestas, la mera aplicación del Acuerdo de Taif. Si aplicar Taif es imposible, entonces alguien debe tener el valor de admitirlo públicamente ante el pueblo Libanés y anunciar el fin de la continua pretensión de compromiso con un acuerdo que se ha convertido en la Constitución del país, con sus disposiciones reformistas deliberadamente desatendidas durante décadas.
